¿Merece la pena reclamar una deuda de menos de 2.000 euros?

Te deben 1.200 € desde hace ocho meses. Cada vez que lo piensas haces la misma cuenta mental: entre el burofax, el tiempo y el posible abogado, seguro que se me va la mitad. Y ahí se queda la factura, madurando en un cajón.

Esa cuenta mental está mal hecha casi siempre, por dos motivos. El primero es que el procedimiento es más barato de lo que la gente cree: la petición inicial del monitorio no exige abogado ni procurador, y en el tramo bajo tampoco hay tasa que pagar. El segundo es que se olvidan las partidas que juegan a tu favor y que se suman a lo que reclamas.

La pregunta está mal formulada

Preguntar si merece la pena reclamar una deuda pequeña presupone que el coste crece con el importe. No crece. El burofax cuesta lo mismo para 800 € que para 80.000 €. La petición inicial del monitorio se rellena igual. Las llamadas duran lo mismo.

Lo que cambia con el importe no es el coste, sino el margen que queda después. Por eso la pregunta útil es otra: cuál es el importe mínimo por debajo del cual el coste de reclamar se come el resultado, y qué circunstancias mueven ese umbral.

Y hay una tercera variable que pesa más que las dos anteriores: si el deudor tiene con qué pagar. Una deuda de 500 € frente a una empresa solvente que se ha despistado se cobra con una llamada bien hecha. Una de 1.900 € frente a alguien sin patrimonio no se cobra ni con sentencia firme.

Por qué el tramo bajo cambia la ecuación

El proceso monitorio está pensado para deudas documentadas y admite hasta 250.000 €, pero su régimen resulta especialmente favorable en el tramo pequeño. La petición inicial se presenta sin abogado ni procurador cualquiera que sea la cuantía, y si reclamas como persona física por debajo de 2.000 € tampoco pagas tasa judicial. El coste directo del procedimiento puede ser literalmente cero.

El deudor recibe el requerimiento y tiene 20 días para pagar o para oponerse. Si no hace nada, se despacha ejecución. Si se opone, el asunto continúa por el juicio verbal o por el ordinario según la cuantía, y ahí sí aparece la asistencia técnica. El diseño de la Ley de Enjuiciamiento Civil premia al acreedor que tiene los papeles en regla.

Hay un requisito previo que conviene tener claro desde 2025: antes de acudir al juzgado hay que acreditar un intento de negociación, y el monitorio no está exento de ese trámite. No es un obstáculo, es un paso más, y tiene una ventaja poco comentada: la solicitud interrumpe la prescripción mientras se sustancia.

Las dos partidas que casi nadie suma

En una deuda comercial entre empresas o con autónomos, la Ley 3/2004 contra la morosidad añade dos conceptos a lo que reclamas, y ninguno de los dos hay que pedirlo por favor.

El primero es el interés de demora comercial, que en el segundo semestre de 2026 está en el 10,40 %. Corre solo desde el vencimiento, sin necesidad de requerimiento previo. El segundo es la indemnización fija de 40 € por costes de cobro del artículo 8, que se devenga en todo caso por cada factura impagada.

Cuarenta euros no impresionan hasta que los pones en contexto. En una deuda de 1.000 €, esos 40 € son un 4 % de recargo instantáneo. Si además llevas seis meses de mora, el interés añade otros 51,86 €. Entre las dos partidas has recuperado el coste de un expediente completo antes de hablar de la deuda principal. La mecánica del cálculo, con el tipo aplicable en cada supuesto, está desarrollada en la guía sobre lo que el retraso suma automáticamente a tu factura.

En deudas entre particulares el régimen es otro: no hay indemnización fija ni tipo comercial, sino el interés pactado o, a falta de pacto, el interés legal del dinero, que en 2026 es el 3,25 %. La diferencia es enorme y conviene saber en qué régimen estás antes de calcular nada.

El punto muerto, con números

La tabla asume una activación de expediente de 75 €, seis meses de mora y el tipo comercial del 10,40 %. La última columna es lo que queda después de descontar el coste del expediente, sin contar todavía la deuda principal.

El cruce está en 675 € de deuda frente al coste de la activación y nada más: a seis meses de mora genera 35,00 € de intereses que, sumados a los 40 € del artículo 8, igualan justo los 75 €. Conviene decirlo con claridad porque el burofax es un gasto aparte, no va incluido en el expediente: si le añades esos 40 €, el coste sube a 115 € y el punto muerto se desplaza hasta unos 1.446 €, que a seis meses generan 74,99 € de intereses. Por encima de esa cifra, las partidas accesorias pagan el expediente entero y la deuda principal entra limpia.

Ese umbral se mueve con el tiempo. A doce meses de mora, una deuda de 340 € ya cubre el coste. Cuanto más tarda el deudor, más barato sale reclamarle, lo cual es exactamente lo contrario de lo que dicta la intuición. El único límite es la prescripción de cinco años de las acciones personales.

Ejemplo trabajado: 950 € de una reforma

Un instalador factura 950 € por la sustitución de un cuadro eléctrico en un local. La factura vence el 3 de julio de 2026 y el cliente, una sociedad limitada, deja de responder. El expediente se activa en septiembre y el deudor paga el 22 de diciembre de 2026, 172 días después del vencimiento.

El interés comercial del 10,40 % sobre 950 € son 98,80 € anuales, es decir 0,2707 € por día contados desde el día siguiente al vencimiento. Por 172 días de mora, 46,56 €. Sumados los 40 € del artículo 8, la reclamación asciende a 1.036,56 €.

Del lado del coste: 75 € de activación, más 40 € del burofax previo, que se paga aparte, hacen 115 €. Las partidas accesorias suman 86,56 € y cubren tres cuartas partes de ese gasto. El instalador se queda con los 950 € de la factura casi íntegros, cuando la alternativa era darla por perdida.

Los tres casos en que no compensa

Hay situaciones en las que la respuesta honesta es que no. La primera es la insolvencia real y comprobada: sociedad sin actividad, sin cuentas depositadas, sin inmuebles y sin vehículos. Contra eso no hay procedimiento que valga, y el dinero gastado en reclamar se suma a la pérdida.

La segunda es la deuda mal documentada. Si no tienes contrato, ni albarán, ni conformidad, ni un solo correo del deudor reconociendo el encargo, el monitorio se vuelve resbaladizo y una oposición te lleva a un juicio que tendrás que ganar con testigos. En una deuda de 900 € ese esfuerzo rara vez sale a cuenta.

La tercera es la deuda genuinamente discutida. Si el cliente sostiene que el trabajo estaba mal y tiene algo con lo que sostenerlo, no estás ante un impagado sino ante un conflicto de calidad. Ahí el camino es negociar una quita o una reparación, no un requerimiento.

Un cuarto supuesto, menos frecuente pero delicado, aparece cuando el obligado ha muerto y la deuda pasa a la herencia. El procedimiento cambia y hay que saber contra quién se dirige la reclamación: lo explica qué ocurre cuando el deudor fallece y quién responde entonces.

Lo que cuesta no reclamar

La decisión de no reclamar tiene precio, solo que no llega ninguna factura. El primero es contable: la deuda sigue en tu balance como derecho de cobro y tributas por un ingreso que no has visto, hasta que puedes dotar el deterioro, que en el impuesto sobre sociedades es deducible a los seis meses del vencimiento.

El segundo es de comportamiento. Un cliente que descubre que no pasa nada por no pagarte repite. Y lo cuenta. El retraso medio de pago en España durante el primer trimestre de 2026 fue de 14,42 días, por encima de la media de la Unión Europea, que se quedó en 13,15. Ese diferencial no se sostiene solo por la cultura de pago, sino por lo poco que se reclama.

El tercero es el efecto acumulado. Cinco facturas de 900 € sin reclamar en un ejercicio son 4.500 € de margen desaparecido. Si supones un margen neto del 12 %, un número puesto solo para ver la magnitud, harían falta 37.500 € de facturación adicional para compensarlo. Visto así, dejar correr los impagados pequeños es la decisión comercial más cara del año, y por eso conviene tratar los importes menores con el mismo circuito que los grandes.

Cómo decidir en diez minutos

No hace falta un análisis financiero. Con estos siete puntos tienes bastante para saber si el expediente tiene recorrido.

• Comprueba que la deuda está vencida y es exigible, con fecha cierta de vencimiento.
• Reúne factura, pedido o presupuesto aceptado y algún documento firmado de entrega.
• Busca cualquier mensaje del deudor que reconozca la deuda o pida aplazamiento: vale oro.
• Mira si la sociedad deudora deposita cuentas y si tiene actividad real.
• Calcula los intereses acumulados y suma los 40 € del artículo 8 si es una operación comercial.
• Fija un techo de gasto y decide de antemano hasta dónde estás dispuesto a llegar.
• Marca una fecha límite para la fase amistosa antes de pasar a la vía formal.

Si al terminar la lista tienes documentación y un deudor con actividad, el expediente merece la pena aunque el importe sea modesto. Si te faltan tres de los siete puntos, dedica el esfuerzo a arreglar la documentación de los siguientes trabajos, que es donde de verdad se juega el cobro de lo que te deben.

Preguntas frecuentes

¿Puedo presentar un monitorio yo solo por 1.500 €?

Sí. La petición inicial del monitorio no exige abogado ni procurador por ningún importe, se presenta con un formulario y, si reclamas como persona física, tampoco hay tasa judicial en ese tramo. Necesitarás la documentación que acredite la deuda y haber intentado antes una negociación.

¿Los 40 € del artículo 8 se aplican también a particulares?

No. Esa indemnización pertenece al régimen de las operaciones comerciales entre empresas o con profesionales autónomos. En una deuda entre particulares se reclaman intereses y, en su caso, las costas del procedimiento.

¿Compensa una agencia para una deuda de 900 €?

Depende del modelo de precio. Con una comisión de éxito del 25 %, por poner un supuesto, cobrar 900 € cuesta 225 € y el resultado es discutible. Con un precio cerrado de 75 € por expediente, el coste se cubre con los intereses y la indemnización, y el margen que queda es otro.

La diferencia también está en la insistencia: una estructura dedicada al seguimiento de impagados llama cuando toca, algo que tu equipo comercial rara vez sostiene durante meses.

¿Y si el deudor paga solo una parte?

El pago parcial no cancela nada más allá de lo entregado, e implica un reconocimiento de la deuda que interrumpe la prescripción. Las reglas de imputación de pagos del Código Civil determinan a qué se aplica lo recibido, y por defecto los intereses vencidos se cubren antes que el capital.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar una deuda pequeña?

Las acciones personales prescriben a los cinco años. Hay plazos más cortos en supuestos concretos, como los tres años de determinados honorarios profesionales. La reclamación extrajudicial del acreedor interrumpe el plazo y lo reinicia por completo.

La conclusión incómoda

La mayoría de las deudas pequeñas no se pierden porque no compense reclamarlas. Se pierden porque nadie se encarga, porque el importe no justifica una reunión y porque el expediente pasa de la bandeja de entrada al olvido sin que nadie tome una decisión explícita.

El umbral real está mucho más abajo de lo que sugiere la intuición, y baja más cada mes que pasa. Si el volumen de facturas pequeñas empieza a ser sistemático, la pregunta deja de ser caso por caso y pasa a ser de proceso: la comparación entre llevarlo dentro o fuera está en el cálculo entre gestionar el cobro internamente o delegarlo, y la elección de figura profesional, en la comparativa entre abogado, gestoría y agencia de recobro.