Recobro de deudas,
explicado sin humo.

Es el conjunto de actuaciones dirigidas a que un deudor pague una obligación vencida, exigible y no satisfecha. Tiene dos fases claramente distintas: la extrajudicial, en la que se requiere formalmente el pago y se busca un acuerdo, y la judicial, en la que un juzgado declara la deuda y, si es necesario, se ejecuta sobre el patrimonio del deudor.

No es una actividad regulada por una licencia específica en España, pero sí está limitada por normas muy concretas: protección de datos, derecho al honor y a la intimidad, y prohibición de prácticas intimidatorias o vejatorias.

El extrajudicial no pasa por el juzgado: requerimiento formal, negociación, acuerdos de pago y, en su caso, inclusión en ficheros de solvencia si se cumplen los requisitos del artículo 20 de la LOPDGDD. Es más rápido y mucho más barato, y resuelve una parte muy relevante de los casos cuando el deudor tiene liquidez.

El judicial requiere presentar una demanda —normalmente un proceso monitorio— y obtener una resolución que permita embargar. Es la vía que se usa cuando el deudor puede pagar pero no quiere, y la única que acaba en embargo.

Es el procedimiento previsto en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reclamar deudas dinerarias, líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, con un límite de 250.000 €. Admite facturas, albaranes, certificaciones y, en general, documentos que habitualmente documentan los créditos en ese tipo de relación, aunque los haya creado el propio acreedor.

El juzgado requiere al deudor y le da 20 días para pagar o para oponerse. Si no hace ninguna de las dos cosas, se dicta decreto dando por terminado el monitorio y la deuda pasa a ser título ejecutivo.

Sí, desde el 3 de abril de 2025. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, convirtió los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en requisito de procedibilidad en el orden civil y mercantil, y el proceso monitorio no está exento. Sí quedan excluidas las ejecuciones.

En la práctica esto significa que hay que acreditar un intento serio de solución previo. Un requerimiento formal con propuesta concreta de acuerdo, documentado y con acuse, cumple ese trámite y deja el expediente listo para demandar si el deudor no responde.

Para la presentación inicial del monitorio no son preceptivos, sea cual sea la cuantía. Sí lo son en dos escenarios: si el deudor se opone y el asunto continúa por los cauces del juicio verbal u ordinario, y en la fase de ejecución cuando la cuantía supera los límites legales.

En NiuCollect el expediente lo prepara y lo firma un profesional desde el principio, precisamente para que si hay que continuar no haya que rehacer nada.

Con un título ejecutivo se puede solicitar el embargo de saldos en cuentas bancarias, devoluciones tributarias pendientes, créditos frente a terceros (por ejemplo, lo que otros clientes le deben al deudor), vehículos, inmuebles y, si es persona física con nómina, la parte del salario que exceda del salario mínimo interprofesional conforme a la escala de la LEC.

Lo determinante no es el título, sino que haya patrimonio. Por eso, antes de recomendar la vía judicial revisamos la solvencia aparente del deudor: un decreto favorable sobre alguien sin nada es un papel caro.

El ciclo extrajudicial completo dura unas tres semanas desde el alta, y el primer requerimiento sale en menos de 24 horas. Una parte relevante de las deudas se resuelve en esa fase.

Si hay que ir al monitorio, hay que contar con los 20 días que la ley da al deudor más los tiempos del partido judicial, que varían mucho de una provincia a otra. La ejecución posterior depende de la localización de patrimonio.

Un pago único por expediente según el importe de la deuda: 75 € por debajo de 3.000 €, 135 € entre 3.000 y 15.000 € y 215 € por encima de 15.000 €. Si decides ir a juicio, la tasa judicial es de 150, 250 o 450 € según el tramo. Sin comisión de éxito, sin cuotas y sin permanencia.

El motivo es simple: una comisión del 20 % o el 25 % sobre lo recuperado significa que en una deuda de 10.000 € pagas entre 2.000 y 2.500 €. Nosotros cobramos por el trabajo de reclamar, no por un porcentaje de tu dinero.

A ti, directamente a tu cuenta bancaria. No intermediamos el cobro, no abrimos cuentas puente y no hacemos liquidaciones mensuales. Es una diferencia de fondo con el modelo clásico de agencia de recobro: no tocamos tu dinero en ningún momento, así que no hay nada que reconciliar ni nada que esperar.

Sí. La plataforma está pensada para trabajar con varios expedientes a la vez: alta por lotes, seguimiento del estado de cada uno, documentación centralizada y avisos de los hitos relevantes. Para carteras conviene además hacer un triaje previo por solvencia, calidad documental y antigüedad, porque cambia mucho el orden de actuación.

Si tienes volumen, escríbenos desde contacto y lo revisamos contigo antes de que des de alta nada.

Las que invaden la esfera personal o la reputación del deudor. Nada de comunicar la deuda a terceros —familiares, vecinos, clientes o proveedores del deudor—, nada de presencia con distintivos que revelen la condición de moroso, nada de llamadas a horas intempestivas o con frecuencia acosadora, nada de amenazas con consecuencias que no existen.

La Ley Orgánica 1/1982 protege el honor y la intimidad, y la LOPDGDD limita el tratamiento de los datos del deudor. Un recobro bien hecho no necesita nada de eso: necesita un escrito correcto y un procedimiento detrás.

Hay que mirar la prescripción. El artículo 1964 del Código Civil fija cinco años para las acciones personales sin plazo especial, contados desde que la obligación pudo exigirse, y ese plazo se interrumpe con una reclamación acreditada, con el reconocimiento del deudor o con un pago parcial.

Si tu deuda se acerca al límite, lo urgente es interrumpir el plazo con un requerimiento fehaciente. Después ya se decide la estrategia con calma.