Emitiste la factura.
Ahora toca cobrarla.

Cuando llega su fecha de vencimiento y no se ha cobrado. Si no se pactó plazo, el artículo 4 de la Ley 3/2004 lo fija en 30 días naturales desde la entrega del bien o la prestación del servicio. Si se pactó, puede alargarse hasta un máximo de 60 días naturales: cualquier cláusula que vaya más allá es nula.

Desde el día siguiente al vencimiento, el interés de demora se devenga automáticamente. No hay que reclamarlo ni haberlo pactado.

Sí, y es de las cosas que más dinero devuelven con menos esfuerzo. El artículo 80.Cuatro de la Ley del IVA permite modificar la base imponible cuando el crédito resulta total o parcialmente incobrable. Hay que cumplir cuatro condiciones: que haya transcurrido un año desde el devengo —o seis meses, a elección del empresario cuyo volumen de operaciones del año anterior no superara 6.010.121,04 €—, que la operación esté anotada en los libros registro, que si el destinatario no es empresario ni profesional la base imponible sea superior a 50 €, y que se haya instado el cobro mediante reclamación judicial, requerimiento notarial o cualquier otro medio que acredite fehacientemente la reclamación.

Ese último inciso es clave: un requerimiento formal con acuse encaja en la definición. Y la factura rectificativa hay que emitirla dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de ese plazo, comunicándolo después a la AEAT. Lo desarrollamos en recuperar el IVA.

Tres conceptos. El interés de demora comercial, que el artículo 7 de la Ley 3/2004 calcula como el tipo del BCE más ocho puntos y que en el segundo semestre de 2026 está en el 10,40 % anual. Los 40 € fijos por cada factura impagada del artículo 8, que se añaden «en todo caso y sin necesidad de petición expresa». Y los gastos de cobro documentados que superen esa cantidad.

Con doce facturas impagadas del mismo cliente son 480 € de costes antes de contar un solo euro de intereses. Casi nadie los reclama.

En la mayoría de los casos, sí. El artículo 812 de la LEC admite el proceso monitorio con facturas, albaranes, certificaciones, telegramas o cualquier documento que, aun creado unilateralmente por el acreedor, sea de los que habitualmente documentan los créditos en ese tipo de relación.

Refuerza mucho el expediente cualquier prueba de conformidad: un albarán firmado, un correo aceptando el presupuesto o el pedido, un pago parcial. Lo esencial es que la deuda sea dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible.

Un pago único por expediente según el importe: 75 € por debajo de 3.000 €, 135 € entre 3.000 y 15.000 € y 215 € por encima. Sin cuotas y sin comisión sobre lo recuperado. Si hay que demandar, la tasa judicial es de 150, 250 o 450 € según el tramo.

El cliente paga a tu cuenta bancaria, no a la nuestra. Cobras íntegro y sin esperar liquidaciones.

Sí, y suele ser lo más eficiente: un solo expediente, una sola tarifa y un requerimiento con el desglose completo. Ojo con un detalle que juega a tu favor: los 40 € del artículo 8 se devengan por cada factura impagada, no por expediente. Agrupar no te hace perder ese concepto.

Lo que sí conviene revisar es la fecha de vencimiento de cada una, porque los intereses corren desde el vencimiento propio de cada factura.

Primero, no discutir por teléfono. Se responde por escrito, punto por punto, adjuntando la documentación que acredita la conformidad: presupuesto aceptado, albarán firmado, correos de validación, pagos parciales anteriores. Un pago a cuenta es especialmente potente, porque implica reconocimiento de la deuda.

Y una advertencia práctica: desde el momento en que el deudor impugna la deuda por escrito, no se puede incluir en un fichero de solvencia. La vía pasa a ser el juzgado.

Cambia todo el escenario. Hay que comunicar el crédito a la administración concursal en plazo para que se reconozca y clasifique. Reclamar por tu cuenta deja de tener sentido: los pagos individuales quedan sujetos a las reglas del concurso.

El aviso importante es que el concurso también afecta al plazo para recuperar el IVA: conviene revisar cuanto antes si el crédito puede modificarse por la vía del artículo 80.Tres en lugar de la del 80.Cuatro. Si te consta que el cliente está en concurso, dínoslo al dar de alta el expediente.

El primer requerimiento sale en menos de 24 horas desde el alta y el ciclo extrajudicial dura unas tres semanas. Una parte relevante de las facturas por debajo de 10.000 € se cobra en esa fase, sobre todo cuando el cliente es solvente y simplemente estaba estirando el pago.

Si hay que ir al monitorio, el juzgado da al deudor 20 días para pagar u oponerse; a partir de ahí depende de la carga del partido judicial.

Depende del caso. Dentro de la Unión Europea existen instrumentos específicos, como el proceso monitorio europeo, y la Directiva de morosidad ha armonizado buena parte de los plazos de pago. Fuera de la UE todo depende del contrato, de la ley aplicable y del foro pactado.

Nuestro servicio está diseñado para deudores en España. Si tu deudor está fuera, escríbenos con los datos del contrato y te decimos con franqueza si podemos ayudarte o no.

Entre empresas y autónomos no hace falta pactarlos, porque la Ley 3/2004 los aplica de oficio. Aun así, incluir en la factura y en el presupuesto una mención expresa a la fecha de vencimiento, al interés de demora aplicable y a los costes de cobro tiene un efecto disuasorio real y evita discusiones posteriores sobre el plazo.

Donde sí es imprescindible pactarlo por escrito es con particulares: sin pacto solo puedes exigir el interés legal del dinero, que en 2026 está en el 3,25 %.

Salvo que exista una obligación contractual clara de continuar, suspender el suministro ante un incumplimiento de pago es legítimo y casi siempre es la decisión correcta. El error más caro que se comete con las facturas impagadas es seguir entregando mientras la deuda crece, con la esperanza de que un pedido nuevo motive el pago del anterior.

Normalmente ocurre lo contrario: la deuda pasa de ser recuperable a ser grande e irrecuperable a la vez.