Tu deuda tiene fecha de caducidad.
Y el reloj ya corre.

Depende del tipo de deuda. La regla general para las acciones personales sin plazo especial es de cinco años, según el artículo 1964 del Código Civil, contados desde que pudo exigirse el cumplimiento. Ahí entran las facturas entre empresas, los préstamos entre particulares o los saldos de cuenta.

Hay plazos especiales más cortos: tres años para honorarios de profesionales y géneros vendidos por comerciantes (artículo 1967) y cinco años para lo que se paga por años o plazos más breves, como alquileres (artículo 1966). Y uno mucho más largo: veinte años para la acción hipotecaria y treinta para las acciones reales sobre inmuebles.

El artículo 1969 del Código Civil lo dice sin rodeos: «el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse». Es decir, desde el vencimiento, no desde la emisión de la factura ni desde la firma del contrato.

En los servicios profesionales del artículo 1967 hay un matiz: el plazo se cuenta «desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios», no desde cada factura suelta.

No exactamente, y esta distinción importa. La deuda sigue existiendo como obligación natural: lo que se pierde es la posibilidad de exigirla por la fuerza. Además, la prescripción no se aprecia de oficio: el juez no la aplica por su cuenta, tiene que ser el deudor quien la alegue como excepción en el procedimiento.

Eso significa que un monitorio sobre una deuda prescrita puede acabar en decreto firme si el deudor no comparece y no la invoca. No es una estrategia recomendable, pero explica por qué muchas deudas antiguas se siguen reclamando.

El artículo 1973 recoge tres actos que interrumpen la prescripción: el ejercicio de la acción ante los tribunales, la reclamación extrajudicial del acreedor y cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

Y ojo con la palabra «interrumpe»: no es una pausa. Cuando el plazo se interrumpe, el contador se pone otra vez a cero y vuelven a correr los cinco años completos. Por eso un simple requerimiento bien documentado puede devolverte cinco años de margen.

Materialmente sí: el artículo 1973 no exige una forma concreta para la reclamación extrajudicial. El problema no es la validez, es la prueba. Quien tiene que acreditar que reclamó, y cuándo, es el acreedor.

Un correo puede servir si consta la recepción; un mensaje de mensajería instantánea es más frágil. Un burofax con acuse de recibo y certificación de texto acredita a la vez qué se dijo y cuándo se entregó, que es exactamente lo que se discute en el juicio. Lo desarrollamos en el burofax de reclamación.

Sí. El artículo 1974 establece que la interrupción en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores, y lo mismo rige respecto de los herederos del deudor en toda clase de obligaciones.

En las obligaciones mancomunadas funciona al revés: si reclamas a un deudor solo su parte, no se interrumpe la prescripción frente a los demás codeudores. Ahí hay que reclamar a cada uno.

El artículo 1975 distingue con precisión. La interrupción contra el deudor principal por reclamación judicial surte efecto también contra su fiador. En cambio, no le perjudican ni las reclamaciones extrajudiciales del acreedor ni los reconocimientos privados del deudor.

Conclusión práctica: si hay fiador y la deuda se acerca al límite, el burofax al deudor principal no protege el crédito frente al fiador. Hay que reclamar también al fiador o acudir al juzgado.

Hasta el 7 de octubre de 2015 el plazo general del artículo 1964 era de quince años. La Ley 42/2015 lo bajó a cinco y estableció un régimen transitorio que remite al artículo 1939 del Código Civil.

El resultado práctico es que las deudas nacidas entre 2005 y el 7 de octubre de 2015 prescribieron el 7 de octubre de 2020, salvo que se hubieran interrumpido antes. Es la razón por la que muchas carteras de deuda antigua dejaron de ser reclamables de golpe en esa fecha.

Sí. El artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2025 establece que la solicitud de un medio adecuado de solución de controversias interrumpe la prescripción o suspende la caducidad desde que consta el intento de comunicación a la otra parte. Si no hay respuesta en treinta días naturales, se reinicia el cómputo.

Además, terminado el intento sin acuerdo, se dispone de un año para presentar la demanda manteniendo ese efecto. Es un plazo que conviene no dejar correr.

Ahí ya no hablamos de prescripción sino de caducidad, y el plazo es más corto de lo que la gente cree. El artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil da cinco años desde la firmeza para interponer la demanda ejecutiva; pasados esos cinco años, la acción ejecutiva caduca.

Aplica igual a las resoluciones que aprueban una transacción judicial, a los laudos arbitrales y a los acuerdos de mediación. Una sentencia ganada y guardada en un cajón es una sentencia que se puede perder.

Con tres datos: qué tipo de deuda es, cuál fue su fecha de vencimiento y si desde entonces hubo alguna reclamación acreditable o algún reconocimiento del deudor (un pago parcial, un plan de pagos firmado, un correo admitiendo que debe).

Si tienes dudas, súbenos la documentación al dar de alta el expediente: revisamos el plazo antes de que gastes en nada y te decimos con franqueza si merece la pena reclamar.

No. El artículo 20 de la LOPDGDD exige que la deuda sea cierta, vencida y exigible, y una deuda prescrita alegada como tal deja de ser exigible. Además, los datos solo pueden permanecer en el fichero un máximo de cinco años desde el vencimiento de la obligación.

Mantener una deuda prescrita en un fichero de solvencia es una vía rápida a una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, y el acreedor responde de ello junto con la entidad que mantiene el sistema.