Reclamar por escrito y poder probarlo.
Para eso existe el burofax.

Es un envío postal en el que el operador —normalmente Correos— deja constancia de tres cosas: qué texto se envió, a quién se entregó y en qué fecha. Esa constancia la emite un tercero ajeno a las partes, y ahí está todo su valor.

No es un tipo de carta especial ni un documento con formato tasado. Puedes escribir lo que quieras. Lo que compras al enviarlo por burofax no es el papel: es la acreditación externa de que ese papel concreto llegó a esa persona concreta ese día concreto.

Conviene ser preciso, porque en internet se repite mucho una afirmación inexacta. Un burofax privado entre dos empresas no es un documento público: es un documento privado acompañado de una certificación del operador postal sobre su contenido y su entrega.

El artículo 22.4 de la Ley 43/2010 sí atribuye presunción de veracidad y fehaciencia a la actuación del operador designado, pero lo hace referido a la distribución y entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales. Para una reclamación privada, lo que tienes es una prueba documental muy sólida, valorable en juicio conforme a las reglas de la prueba documental privada, que en la práctica casi nunca se discute con éxito. Es suficiente para lo que necesitas: acreditar que reclamaste, qué reclamaste y cuándo.

Con las tarifas vigentes de Correos para Península y Baleares, un burofax Premium Online de una página cuesta 8,71 € y el mismo envío depositado en oficina, 12,72 €. A partir de ahí se suman los complementos: 1,27 € por página adicional, 5,75 € el acuse de recibo y 17,55 € la copia certificada del texto.

La modalidad Premium Plus, que incluye custodia durante sesenta meses, prueba de entrega electrónica y copia certificada, sale por 36,01 €. En la práctica, un requerimiento de una página con prueba de entrega y de contenido se mueve entre 12,70 € y 36 €.

Prueban cosas distintas y por eso conviene contratar los dos. El acuse de recibo acredita la entrega: quién firmó, en qué fecha y en qué hora. La certificación de texto acredita el contenido: qué decía exactamente el documento que se entregó.

Con solo el acuse puedes probar que llegó algo, pero no qué decía. Con solo la certificación puedes probar qué escribiste, pero no que llegara. En un juicio suelen discutirse las dos cosas, y llevar una sola mitad de la prueba es una posición incómoda.

El envío no se pierde: el resultado queda documentado. Correos deja aviso, y si no se retira, la incidencia se hace constar («ausente», «no retirado», «rehusado»). Ese justificante acredita el intento de comunicación, que es lo que la ley te exige acreditar.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2025 es explícito al respecto: los efectos sobre la prescripción se producen «desde que consta el intento de comunicación» a la otra parte en su domicilio. No se te penaliza porque el deudor se esconda. Lo que sí conviene es enviarlo al domicilio correcto y poder justificar por qué ese era el domicilio correcto.

Para interrumpir la prescripción, materialmente sí: el artículo 1973 del Código Civil no exige ninguna forma concreta para la reclamación extrajudicial. El problema no es la validez, es la carga de la prueba, que recae sobre quien reclama.

Un correo puede servir si consta la recepción y el contenido no se discute. Un mensaje de mensajería instantánea es mucho más frágil: se discute la autoría, la integridad y hasta la titularidad del número. Si la deuda es pequeña y la relación es buena, el correo es razonable. Si hay riesgo real de pleito o el plazo aprieta, la diferencia de coste entre un email y un burofax es de doce euros y no compensa el riesgo.

Sí, siempre que puedas probarlo. El artículo 1973 del Código Civil dice que la prescripción se interrumpe «por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor».

Y ojo con lo que significa interrumpir: el contador no se pausa, se pone a cero. Una factura que llevaba cuatro años y medio corriendo vuelve a tener cinco años completos por delante. Es, con diferencia, el mayor retorno que se le puede sacar a doce euros.

Depende de la relación. En operaciones comerciales entre empresas o con la Administración, la mora es automática: el artículo 6 de la Ley 3/2004 hace que el interés se devengue al día siguiente del vencimiento sin necesidad de aviso ni de recordatorio.

En el resto de obligaciones civiles rige el artículo 1100 del Código Civil, que exige que el acreedor exija «judicial o extrajudicialmente» el cumplimiento, salvo las excepciones que el propio artículo enumera. Ahí el burofax no es un trámite ornamental: es lo que dispara el devengo de intereses. Cuanto antes se manda, más se cobra.

Puede valer, si está bien planteado. Desde la Ley Orgánica 1/2025, antes de demandar en el orden civil hay que acreditar un intento de solución extrajudicial, y una oferta vinculante o un requerimiento con propuesta concreta encaja entre los medios previstos.

Su artículo 7 añade dos plazos que hay que tener en el calendario: si no hay respuesta en treinta días naturales se reinicia el cómputo, y terminado el intento sin acuerdo se dispone de un año para presentar la demanda conservando el efecto interruptivo. Un requerimiento redactado con esto en mente sirve para tres cosas a la vez en lugar de para una.

Cinco elementos, y ninguno es retórico: identificación completa de acreedor y deudor con sus datos fiscales; origen de la deuda con referencia a los documentos que la soportan (número de factura, fecha de emisión y de vencimiento); importe desglosado entre principal, intereses y costes de cobro; requerimiento expreso de pago con un plazo cierto y una cuenta donde ingresar; y advertencia de las consecuencias si no se atiende.

Lo que no debe decir: amenazas, insinuaciones sobre la solvencia del deudor ante terceros, ni cifras inventadas. Un requerimiento agresivo o con importes que luego no se sostienen es munición para la oposición del deudor.

Puedes mandarlo tú perfectamente: no hace falta abogado ni ninguna habilitación. La diferencia no está en el envío, está en el texto y en lo que viene después.

Un requerimiento firmado por un despacho con el desglose correcto de principal, intereses del artículo 7 de la Ley 3/2004 y los 40 € del artículo 8, con el plazo bien fijado y redactado para servir también como intento previo de solución, cambia el tono de la conversación. Y si no funciona, el expediente ya está montado para el monitorio en lugar de haber que empezar de cero.

La activación de un expediente cuesta desde 75 € según el importe de la deuda, e incluye el requerimiento formal con firma jurídica, la acreditación de entrega, el seguimiento del expediente y la negociación con el deudor. No cobramos comisión sobre lo recuperado: el deudor paga directamente a tu cuenta bancaria.

Si la vía amistosa no prospera, te entregamos un informe de coste y probabilidad antes de que decidas nada sobre el juzgado. La vía judicial se presupuesta aparte, también con precio cerrado.