El embargo empieza donde terminan las excusas.
Y tiene reglas exactas.

En una deuda entre particulares o entre empresas, no. El embargo civil es una actuación judicial: hace falta un título ejecutivo —una sentencia, un decreto de un procedimiento monitorio, un laudo arbitral, una escritura pública en los casos que la ley admite— y una demanda ejecutiva que lo ponga en marcha.

Cosa distinta son los embargos administrativos de Hacienda o de la Seguridad Social, que sí se acuerdan por vía de apremio sin intervención judicial previa. Ninguna agencia de cobro ni ningún acreedor privado puede embargar por su cuenta: quien te diga lo contrario te está vendiendo humo.

Lo fija la escala del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se calcula sobre el líquido que queda tras descontar impuestos y cotizaciones. El primer Salario Mínimo Interprofesional es inembargable por completo. A partir de ahí se retiene por tramos: el 30 % del segundo SMI, el 50 % del tercero, el 60 % del cuarto, el 75 % del quinto y el 90 % de lo que exceda.

Con el SMI de 2026 fijado en 1.221 € al mes, una nómina de 2.500 € soporta un embargo de 395,30 €. Una de 1.800 €, de 173,70 €. Y una de 1.150 € no soporta ninguno.

El apartado 4 del artículo 607 permite al Letrado de la Administración de Justicia aplicar «una rebaja de entre un 10 a un 15 por ciento» en los porcentajes de los cuatro primeros tramos, atendiendo a las cargas familiares del ejecutado. El tramo del 90 %, el del exceso, queda fuera de esa rebaja.

No es automático: se aplica a la vista de las circunstancias que se acrediten. Pero conviene contar con ello al estimar lo que realmente va a entrar por esa vía cada mes.

El saldo de una cuenta sí es embargable, pero con dos límites importantes. El primero: si en esa cuenta se abona habitualmente el salario o una pensión, el artículo 588.4 obliga a respetar los límites del artículo 607 sobre el importe ingresado ese mes o el anterior. Es decir, el sueldo no pierde su protección por el hecho de haber pasado por el banco.

El segundo: si la cuenta tiene varios titulares, solo se embarga la parte que corresponde al deudor, y se presume que las partes son iguales salvo prueba en contrario. Una cuenta compartida al 50 % con la pareja no se embarga entera.

El artículo 605 declara absolutamente inembargables los animales de compañía —desde la reforma de la Ley 17/2021, sin perjuicio de que sí lo sean las rentas que puedan generar—, los bienes declarados inalienables, los derechos accesorios no alienables por separado, los bienes sin contenido patrimonial propio y los que otra ley declare inembargables.

Y el artículo 606 protege además el mobiliario y el menaje de la casa, la ropa, los bienes imprescindibles para vivir con razonable dignidad, los libros e instrumentos necesarios para la profesión cuando su valor no guarde proporción con la deuda, y los bienes sacros de religiones legalmente registradas.

El artículo 592 marca un orden, pero es subsidiario: solo se aplica si no hay acuerdo entre las partes y si resulta imposible atender a los criterios preferentes de facilidad de enajenación y menor onerosidad para el deudor.

Ese orden empieza por el dinero y las cuentas corrientes, sigue con los créditos y valores realizables a corto plazo, las joyas y objetos de arte, las rentas en dinero, los intereses y frutos, los bienes muebles y las participaciones no cotizadas, los inmuebles, los sueldos y pensiones y, en último lugar, los créditos y valores a medio y largo plazo. También cabe embargar la empresa como unidad.

No hace falta que lo sepas. El artículo 589 permite al juzgado requerir de oficio al ejecutado para que manifieste sus bienes y derechos, con apercibimiento de las sanciones que caben por desobediencia grave, y el Letrado de la Administración de Justicia puede imponerle multas coercitivas periódicas si no colabora.

Y el artículo 590 permite dirigirse a entidades financieras, organismos y registros públicos y a terceros que el ejecutante señale para averiguar el patrimonio. Con un matiz: no se reclamarán datos que el ejecutante pueda obtener por sí mismo o a través de su procurador.

Depende mucho de dónde se embargue. Una orden de retención sobre una cuenta bancaria se cumplimenta en el mismo momento de su presentación a la entidad, que entrega recibo acreditativo (artículo 621.2), y el dinero se ingresa en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del juzgado.

Un embargo de nómina genera ingresos mensuales mientras dure la relación laboral. Y un inmueble exige subasta, con lo que hablamos de meses o de más de un año. Por eso el orden en que se ataquen los bienes cambia por completo el tiempo de cobro.

Si no hay patrimonio ni ingresos, el embargo no produce resultado inmediato. Pero la ejecución no se extingue: se declara la insolvencia y el procedimiento queda abierto para reabrirse cuando aparezcan bienes. Muchas ejecuciones cobran años después, cuando el deudor vuelve a trabajar o recibe una herencia.

Lo honesto es decirlo antes: por eso, cuando revisamos un expediente y vemos que la vía judicial no tiene recorrido económico, lo decimos en lugar de cobrarte una tasa judicial que no va a servir de nada.

El vaciamiento patrimonial para eludir a los acreedores tiene respuesta en varios frentes: la acción rescisoria o pauliana para dejar sin efecto los actos en fraude de acreedores, la posibilidad de que el juzgado imponga multas coercitivas por la falta de manifestación de bienes, y en los casos más graves, la vía penal del alzamiento de bienes.

Además, un procesamiento por alzamiento de bienes es una de las circunstancias que permiten deducir el crédito como incobrable en el Impuesto sobre Sociedades, según el artículo 13.1 de su ley reguladora. Lo desarrollamos en cobrar impagados.

Solo si no han pasado más de cinco años desde su firmeza. El artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución que apruebe una transacción judicial, en laudo arbitral o en acuerdo de mediación caduca si no se interpone la demanda ejecutiva en ese plazo.

Y es caducidad, no prescripción: no se interrumpe con requerimientos. Una sentencia ganada y guardada en un cajón se pierde. Lo explicamos con detalle en prescripción de deudas.

Sí, y suelen sumar bastante. Desde que se dicta la sentencia en primera instancia, el artículo 576 de la LEC hace correr a favor del acreedor un interés anual igual al legal del dinero incrementado en dos puntos. Con el interés legal de 2026 en el 3,25 %, eso son 5,25 % anual sobre la cantidad líquida.

A eso se añaden los intereses de demora anteriores a la sentencia y las costas si hubo condena. La cantidad que se ejecuta casi nunca es la misma que la de la factura original: normalmente es bastante mayor. Puedes verlo en intereses de demora.