Todas prometen recuperar tu dinero.
No todas te lo dejan entero.

Sí. Encargar a un tercero la gestión de cobro de tus impagados es perfectamente legal y no requiere el consentimiento del deudor. La Agencia Española de Protección de Datos lo ha explicado con claridad: las empresas de recobro actúan como encargadas del tratamiento en el sentido del artículo 28 del RGPD, con un contrato previo con el acreedor, y ese acceso a los datos «no puede considerarse una cesión o comunicación de datos personales, ni tampoco necesita del consentimiento de los titulares».

Lo que sí es exigible es que la agencia identifique al acreedor que la ha contratado en cuanto contacte con el deudor, y que trate los datos solo para la finalidad encargada.

No, y conviene saberlo antes de contratar. La propia Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid lo resume así: «en España no existe legislación específica que regule a este tipo de empresas». No hay licencia administrativa, ni colegio profesional, ni registro obligatorio del sector.

De hecho, el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio de Justicia en febrero de 2017 que se regulara la actividad, precisamente por la desprotección que genera esa ausencia de marco propio. Mientras tanto, las agencias están sujetas a las reglas generales: competencia desleal, protección de datos, consumo y Código Civil.

La consecuencia práctica es que la diligencia recae en ti: nadie ha filtrado el mercado antes de que llegues. Por eso más abajo tienes nueve preguntas concretas que hacer antes de firmar nada.

Depende del modelo. Los cuatro que existen en el mercado español son: comisión de éxito (un porcentaje de lo recuperado, habitualmente entre el 10 % y el 30 % según antigüedad e importe), precio cerrado por expediente (una tarifa fija al abrir el caso), cuota mensual o iguala (para carteras recurrentes) y compra de la deuda (te pagan un porcentaje del nominal y el crédito deja de ser tuyo).

En NiuCollect el modelo es el segundo: 75 € para deudas de menos de 3.000 €, 135 € entre 3.000 y 15.000 € y 215 € por encima de 15.000 €. Sin comisión sobre lo recuperado y con el pago del deudor directo a tu cuenta bancaria.

Es aritmética. Con una comisión del 20 % sobre una deuda de 10.000 €, recuperarla íntegra te deja 8.000 €. Con un precio cerrado de 135 € te quedan 9.865 €. La diferencia son 1.865 € por un único expediente.

La comisión de éxito solo compensa cuando el importe es pequeño o cuando la deuda es tan antigua o tan dudosa que ni tú mismo apostarías por ella. A partir de unos 1.500 € el precio cerrado gana casi siempre, y la ventaja crece de forma lineal con el importe.

Visitar un domicilio no está prohibido por sí solo, pero la Ley 3/1991 de Competencia Desleal marca un límite tajante. Su artículo 29.1 considera desleal por agresivo «realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella».

Dicho de otro modo: en el momento en que el deudor pide que se marchen o que no vuelvan, insistir es una práctica agresiva. Y el artículo 28 añade la conducta agresiva por acoso, coacción o influencia indebida, que puede llegar a tener recorrido penal.

El artículo 29.2 de la Ley de Competencia Desleal reputa desleal «realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual».

Los dos requisitos son acumulativos: no deseadas y reiteradas. Una reclamación puntual y proporcionada de una deuda real entra dentro de lo que la ley permite; una campaña de llamadas diarias después de que el deudor haya pedido que cesen, no. La ley no fija franjas horarias concretas, así que desconfía de quien te venda un listado de «horas prohibidas» como si fuera norma escrita.

No. Comunicar la existencia de una deuda a vecinos, familiares, compañeros de trabajo o clientes del deudor es un tratamiento de datos sin base legítima y vulnera el principio de integridad y confidencialidad del artículo 5.1.f) del RGPD.

La AEPD ha llegado a pronunciarse incluso sobre el sobre de la notificación: el envío no debe revelar en su exterior información sobre su contenido. Una carta que anuncia desde fuera que dentro hay una reclamación de deuda ya es un problema.

Solo si se cumplen todos los requisitos del artículo 20 de la LOPDGDD: que la deuda sea cierta, vencida y exigible y no haya sido reclamada judicialmente por el deudor; que se le haya informado previamente en el contrato o en el momento del requerimiento; y que se le notifique la inclusión, con un bloqueo de los datos durante 30 días para que pueda alegar.

Los datos solo pueden permanecer un máximo de cinco años desde el vencimiento de la obligación. Y la responsabilidad no es solo de la entidad que mantiene el fichero: la ley declara corresponsables al acreedor y al sistema de información crediticia.

El requerimiento previo de pago no aparece en el texto del artículo 20, pero la AEPD lo viene exigiendo en sus criterios interpretativos. En la práctica, ninguna agencia seria incluye a nadie sin haberle reclamado antes por escrito.

No. Ninguna empresa privada puede embargar nada. El embargo civil solo lo acuerda un juzgado dentro de un procedimiento de ejecución y a partir de un título ejecutivo: una sentencia, un decreto de un monitorio no atendido, un laudo o una escritura pública con los requisitos del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Si alguien te dice por teléfono que «va a proceder al embargo» sin que exista un procedimiento judicial abierto, está describiendo algo que no puede hacer. Lo desarrollamos entero en embargo de bienes.

Una empresa de recobro, por sí sola, no. Para presentar una demanda hace falta un abogado, y salvo en el trámite inicial del monitorio, también procurador. Lo que sí puede hacer una agencia solvente es preparar el expediente y trasladarlo a profesionales colegiados que asuman la dirección letrada.

En NiuCollect eso está resuelto de origen: si la vía extrajudicial no funciona, el expediente pasa a la red jurídica con precio cerrado de 150, 250 o 450 € según el tramo, sin comisión de éxito. El monitorio cubre reclamaciones de hasta 250.000 €.

En tres cosas medibles. La primera, el precio: tarifa cerrada por expediente en lugar de un porcentaje sobre lo recuperado. La segunda, el flujo del dinero: el deudor paga directamente a tu cuenta bancaria, no a una cuenta intermedia desde la que luego te liquidan. La tercera, la trazabilidad: cada actuación queda registrada en el expediente y la ves cuando quieras, sin llamar a un gestor a preguntar cómo va.

No es un modelo mejor para todo el mundo. Si tu cartera son cientos de recibos de 40 €, una iguala mensual con una agencia de volumen tiene más sentido. Para importes medios y altos, el precio cerrado deja bastante más dinero encima de la mesa.

Eso ya no es recobro, es una cesión de crédito de las que regulan los artículos 1526 y siguientes del Código Civil. El comprador pasa a ser el nuevo acreedor y reclama en nombre propio, con los mismos derechos y las mismas limitaciones que tenía el anterior: ni más plazo, ni más intereses, ni facultades nuevas.

Para el deudor cambia el interlocutor, no la deuda: si estaba prescrita antes de la venta, sigue estándolo después. Y conviene que se le comunique la cesión, porque quien paga de buena fe al acreedor originario sin conocerla queda liberado.