Cobrar impagados: lo que de verdad te está costando esperar.

Mucho más que su importe, porque lo que pierdes no es la factura: es el margen. Si trabajas con un margen neto del 8 %, un impagado de 5.000 € te obliga a facturar 62.500 € adicionales solo para volver al punto en el que estabas. Con un margen del 5 %, hacen falta 100.000 €.

A eso hay que sumarle el IVA que ya ingresaste, las horas que dedicas a perseguir el cobro y el coste financiero de cubrir ese agujero mientras tanto. Por eso reclamar bien un impagado casi siempre es más rentable que salir a vender para taparlo.

Legalmente, hasta cinco años desde que la obligación pudo exigirse: es el plazo de prescripción del artículo 1964 del Código Civil para las acciones personales sin plazo especial. Pero ese es el límite máximo, no el plazo recomendable.

En la práctica, la probabilidad de cobro cae mes a mes: el deudor reparte su liquidez entre quienes le aprietan, el patrimonio embargable se mueve y la documentación se pierde. Los primeros noventa días son los que más deciden.

No por importe, que es lo que hace casi todo el mundo. El criterio útil combina tres cosas: solvencia aparente del deudor (si no hay de dónde cobrar, el importe da igual), calidad de la documentación (una factura con albarán firmado vale más que una deuda grande de palabra) y antigüedad (lo que se acerca a la prescripción no espera).

Más abajo tienes el triaje completo con los cuatro cajones en los que conviene repartir la cartera.

El artículo 13.1 de la Ley 27/2014 permite deducir la pérdida por deterioro del crédito cuando concurre alguna de estas circunstancias: que hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento de la obligación, que el deudor esté declarado en situación de concurso, que esté procesado por delito de alzamiento de bienes, o que la obligación haya sido reclamada judicialmente o sea objeto de un litigio del que dependa su cobro.

No son deducibles, salvo excepciones tasadas, los créditos frente a entidades de derecho público ni frente a personas o entidades vinculadas. Consulta el encaje exacto con tu asesor fiscal: es una decisión contable con efectos en el ejercicio.

Se puede recuperar si se cumplen los requisitos del artículo 80.Cuatro de la Ley del IVA: un año desde el devengo (o seis meses si tu volumen de operaciones del año anterior no superó 6.010.121,04 €), operación anotada en los libros registro, base imponible superior a 50 € cuando el destinatario no es empresario ni profesional, y haber instado el cobro mediante reclamación judicial, requerimiento notarial o cualquier otro medio que acredite fehacientemente la reclamación.

La factura rectificativa debe emitirse dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de ese plazo. Lo explicamos entero en recuperar el IVA.

No. La deducción fiscal y la reclamación son cosas distintas y compatibles: una es el reconocimiento contable de una pérdida probable, la otra es el ejercicio de tu derecho de crédito. Si después cobras, se revierte el ajuste y tributas por el ingreso.

De hecho, haber reclamado judicialmente es una de las circunstancias que habilitan la deducción, así que reclamar juega a favor en los dos planos.

Casi siempre sí, por dos motivos. El primero es aritmético: un impagado de 900 € cuesta 75 € de expediente, y a eso se le suman el interés de demora y los 40 € de costes del artículo 8 de la Ley 3/2004 si el deudor es empresa o autónomo. El segundo es de comportamiento: el deudor que aprende que los importes pequeños contigo no se reclaman, repite.

Lo que sí conviene es no reclamar de forma aislada. Si tienes varios impagados del mismo cliente, agrúpalos en un único expediente.

Es la pregunta más importante y conviene hacerla antes de gastar en la vía judicial, no después. Si no hay patrimonio, cuentas ni ingresos localizables, un decreto favorable puede quedar sin ejecutar durante años.

Por eso, antes de recomendarte demandar, revisamos la situación registral y la actividad aparente del deudor. Si el pronóstico es malo, te lo decimos: preferimos perder un expediente judicial a que pagues una tasa por algo que no va a llegar a nada.

Solo si se cumplen los requisitos del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018: deuda cierta, vencida y exigible, requerimiento previo de pago, información al deudor de que puede ser incluido y respeto del plazo máximo de cinco años. Y hay un límite tajante: si el deudor ha impugnado la deuda, no se puede incluir.

Lo tratamos con detalle en cobro de morosos.

Un pago único por expediente según el importe: 75 € por debajo de 3.000 €, 135 € entre 3.000 y 15.000 € y 215 € por encima de 15.000 €. Sin cuotas, sin permanencia y sin comisión sobre lo recuperado.

Si hay que demandar, la tasa judicial es de 150, 250 o 450 € según el tramo, y la decides tú. El deudor paga a tu cuenta bancaria: no pasamos el dinero por la nuestra ni te hacemos esperar a una liquidación mensual.

Es compatible, y en realidad es lo habitual. Un requerimiento formal no es una ruptura: es poner por escrito lo que ya sabéis los dos. Bien redactado, ofrece salidas —calendario de pagos, reconocimiento de deuda— y muchos expedientes terminan en un acuerdo con la relación comercial intacta.

Lo que rompe relaciones no es reclamar: es dejar que la deuda crezca hasta que ya no hay conversación posible.

Sí. El artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil admite el proceso monitorio con facturas, albaranes, certificaciones y, en general, cualquier documento que habitualmente documente los créditos en ese tipo de relación, aunque lo haya creado el acreedor.

Con facturas, correos de aceptación del pedido y algún pago parcial anterior se sostienen muchos expedientes. Sube lo que tengas y te decimos si aguanta antes de que gastes nada.