El retraso de tu cliente tiene precio.
Y lo paga él.

Depende de quién te deba y de lo que ponga el contrato. Si hay un tipo pactado por escrito, ese manda. Si no lo hay y la deuda es entre empresas o autónomos, se aplica el interés de demora comercial de la Ley 3/2004, que en el segundo semestre de 2026 está en el 10,40 % anual.

Si la deuda es con un particular y no hay pacto, la referencia es el interés legal del dinero, fijado en el 3,25 % para 2026. Y una vez que hay sentencia condenatoria entra en juego un tercer tipo: el del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En operaciones comerciales, desde el día siguiente al vencimiento y sin necesidad de aviso previo. El artículo 6 de la Ley 3/2004 establece la mora automática: no hace falta que reclames para que los intereses empiecen a devengarse.

Fuera de ese ámbito rige el artículo 1100 del Código Civil: el deudor incurre en mora «desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación», salvo que la ley o el propio contrato digan que el vencimiento basta. Por eso, con un particular, conviene tener fechada la primera reclamación.

Del artículo 7 de la Ley 3/2004: el tipo legal de demora comercial es el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su operación principal de financiación más reciente, incrementado en ocho puntos porcentuales.

El Ministerio de Economía publica ese tipo en el BOE cada seis meses, en enero y en julio, y el tipo publicado se aplica durante todo ese semestre. Para el segundo semestre de 2026 resultó el 10,40 % anual.

Varios. El cálculo correcto es por tramos semestrales: a cada periodo se le aplica el tipo que estaba publicado en ese semestre, y luego se suman los importes. Aplicar el tipo actual a toda la vida de la deuda es el error de cálculo más habitual y da una cifra que el juzgado corregirá.

En expedientes de varios años esta diferencia no es menor: los tipos han oscilado bastante, y un cálculo bien tramificado defiende mucho mejor una demanda que una cifra redonda mal justificada.

Son la indemnización mínima por costes de cobro del artículo 8 de la Ley 3/2004. Se devengan «en todo caso» y sin necesidad de petición expresa cuando el deudor incurre en mora en una operación comercial: no hay que justificar en qué se gastaron.

Son 40 € por cada factura impagada, no por deudor. Diez facturas vencidas de un mismo cliente suman 400 € solo por este concepto. Y, además de los 40 €, la ley permite reclamar los costes de cobro debidamente acreditados que superen esa cantidad.

El pacto manda, pero no es ilimitado. La Ley 3/2004 somete a control las cláusulas y prácticas que resulten abusivas para el acreedor, y en las relaciones con consumidores el control de abusividad es todavía más estricto, con doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre los intereses moratorios en préstamos.

Un tipo pactado desproporcionado puede acabar anulado y sustituido por el legal. Si estás redactando contratos nuevos, un tipo razonable y claramente redactado se defiende mucho mejor que uno agresivo.

Entra el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos».

Con el interés legal de 2026 en el 3,25 %, el interés procesal es del 5,25 %. Es un tipo distinto del que corría antes de la sentencia, y se calcula sobre la cantidad líquida a la que condene el fallo.

Los intereses de demora no llevan IVA: son una indemnización por el retraso, no una contraprestación por una entrega de bienes o una prestación de servicios. En la factura o en el escrito de reclamación se detallan aparte del principal, sin repercutir impuesto.

A efectos del impuesto sobre sociedades o del IRPF sí forman parte del resultado del ejercicio en que se reconocen. Consulta con tu asesor cómo imputarlos según tu régimen contable.

Sí. El derecho a los intereses de demora nace con el retraso y no se extingue porque después llegue el pago del principal, salvo que hayas firmado una renuncia o un finiquito que los incluya expresamente.

En la práctica, muchas empresas cobran el principal, no dicen nada de los intereses y los pierden por el paso del tiempo. Si tu cliente paga sistemáticamente a noventa días cuando el contrato dice treinta, esa diferencia lleva años teniendo un precio que nadie te ha pagado.

Los intereses y los 40 € son una deuda reclamable por sí sola, incluso por la vía del monitorio. Otra cosa es si compensa: por 300 € de intereses, muchas empresas prefieren no romper la relación comercial.

Nuestra recomendación habitual es usarlos como palanca de negociación antes que como pleito autónomo: incluirlos siempre en el requerimiento, cuantificados, y estar dispuesto a condonarlos a cambio del pago inmediato del principal. Funciona más veces de las que parece.

Como regla general no, salvo el anatocismo que reconoce el propio Código Civil cuando los intereses vencidos se reclaman judicialmente: desde ese momento devengan a su vez el interés legal, aunque la obligación no lo hubiera previsto.

Es un matiz técnico que en importes pequeños casi no cambia nada, pero en deudas grandes y antiguas puede suponer una diferencia apreciable. Lo aplicamos cuando toca al preparar el desglose de la demanda.

No. Nuestro precio es un pago único por expediente —desde 75 €— y no cobramos comisión sobre lo recuperado. El principal, los intereses de demora y los 40 € de costes de cobro los ingresa el deudor directamente en tu cuenta bancaria: el dinero no pasa por nosotros en ningún momento.

Con una agencia tradicional al 20-25 % de comisión, esos intereses que tanto cuesta calcular acaban en buena parte pagando la propia gestión. Aquí no.